Defensa de España

Ojo, amigos españoles: hoy vuestro amigo nacido al otro lado del Pirineo no está del todo políticamente correcto.

Últimamente, cuando comparo la cantidad de tinta y de energías que se gastan en relación con declaraciones grandilocuentes en defensa de España, de Cataluña, y de la Constitución española, con la falta de atención sobre noticias como ésta, ¡alucino!

Gastan energías insospechadas en la defensa de unas fronteras cada vez más ficticias en el mundo de hoy (no maten al mensajero; constato, nada más), mientras casi nadie defiende el territorio, es decir el medio ambiente.

Resultado: aunque sus estatutos les concedan más “autonomía”, los territorios son cada vez más frágiles y más vulnerables. Y cuanto más vulnerables, menos autónomos.

Haciendo hincapié en la riqueza artificial (financiera), la economia convencional olvida y destruye la riqueza natural, contrariamente a la economía ambiental que cuida el sustento de la vida.

Últimamente se dice mucho que el ejército español es algo parecido a una ONG, con su participación en tantas misiones humanitarias. En cierta medida puede ser cierto (no hablo de la “misión Aznar” en Irak, por supuesto). Pero puestos a defender el territorio, ¿Porqué no se le encomienda al ejército (dentro del orden constitucional, civico y democrático) la tarea de defender al medio ambiente? Llamemoslo la defensa integral del territorio, es decir la defensa de España.

Algo habrá que hacer en un país donde tanta gente pasa por alto el Articulo 45 de la Constitución Española, que dice:

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Un punto de partida imprescindible para la aplicación del Artículo 45 sería la reforma de la normativa vigente en España sobre estudios de impacto ambiental. En la actualidad en España, el promotor de un proyecto sujeto a estudio de impacto es quién elige a dedo y paga directamente quién "le" hace aquel estudio. Consiguientemente se puede decir que el lobo está en el gallinero, y que la naturaleza y las víctimas están desprotegidas. Mientras no se realicen de forma pública e independiente (como se hace en muchos países), no habrá manera de parar el deterioro ambiental.

La semana pasada en Kenya, escuche a un sindicalista africano decir que sera en función del legado ambiental que las generaciones futuras en su país juzagaran a la actual.

Eso es.